¿Dónde limitar la responsabilidad civil de los robots inteligentes?

Mié, 26/06/2019

Esther Monterroso

La profesora de la UDIMA Esther Monterroso advierte del abanico de potenciales responsables

Por Luis Miguel Belda/Fotografías: Mayte Madariaga

La cuestión jurídica adquiere notoriedad, en paralelo al debate ético sobre los límites de acción de los robots dotados de inteligencia artificial y creciente autonomía. ¿Cómo afrontar los posibles daños que pueden causar los robots dotados de IA, bajo qué criterios deben delimitarse su responsabilidad civil, qué legislación resultaría aplicable en la actualidad y hacia qué premisas sería deseable avanzar a medida que los robots ganen en autonomía?”.

A este compendio de preguntas, la profesora del Grado en Derecho de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Esther Monterroso, contesta que “no es simple” una respuesta, “porque no siempre es fácil encontrar la fuente, delimitar los riesgos y establecer el criterio jurídico de imputación de esa responsabilidad”.

Además, agrega, “en ocasiones se precisan actualizaciones para solucionar los fallos técnicos o de funcionamiento de estos artefactos, lo que conlleva detectar los mismos, actualizar el software, informar al usuario y, en último término, asumir la responsabilidad por los daños causados si estas acciones no se han ejecutado”.

De ello habló este miércoles en la ponencia ‘Inteligencia Artificial. Repercusiones en el ámbito de la responsabilidad civil’ que impartido la doctora Monterroso durante su participación en el XXI Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro.

Monterroso, profesora titular de Derecho Civil de la UDIMA advirtió que, incluso, a medida que los robots son más autónomos, las causas pueden derivar de una interacción de agentes, lo que, a su juicio, “dificulta la delimitación del sujeto que debe soportar el daño, en cuyo caso podría tratarse del productor, del programador, del usuario, de la empresa o sujeto que dispone de dicha tecnología o, incluso, del propio robot si este fuera autónomo”.

“Todo ello dificulta, sin duda, el complejo entramado de la responsabilidad jurídica y, en último término, de su aseguramiento”, concluye el razonamiento de la profesora.

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