La Criminología española ha dado un nuevo paso hacia su reconocimiento profesional. El pasado 15 de septiembre se registró en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional Sumar.
Detrás de este avance hay meses de trabajo técnico y diálogo institucional en los que ha participado Abel González García, director del Departamento de Criminología de CEF.- UDIMA y vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
Desde esa doble vertiente, académica y profesional, González ha participado en los trabajos vinculados a la elaboración del texto y en las actuaciones desarrolladas para avanzar hacia una regulación estatal de la profesión. Los colegios profesionales culminaron en junio la fase técnica desarrollada junto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, después de meses de reuniones, análisis jurídico y trabajo conjunto.
De esta manera, CEF.- UDIMA está en primera línea de un debate clave para el presente y el futuro de la Criminología en España: cómo trasladar la consolidación científica y universitaria que ha experimentado la disciplina durante las últimas décadas al reconocimiento efectivo de quienes ejercen profesionalmente como criminólogos. Además, el docente ha compartido este proceso junto a otros representantes de la profesión, como el portavoz socialista de Justicia, Paco Aranda, y al secretario de la Comisión Intercolegial de Criminología de España, Ramón Chippirrás.
La iniciativa legislativa parte de una realidad que ha acompañado a la Criminología española durante las últimas décadas: su reconocimiento como disciplina universitaria no se ha traducido hasta ahora en un marco estatal específico que ordene su ejercicio profesional.
Precisamente esta distancia entre el desarrollo académico de la Criminología y su reconocimiento profesional es una de las cuestiones que pretende abordar la proposición.
Lo que se pretende es regular el ejercicio profesional de la Criminología en España, identificar sus funciones específicas, delimitar los requisitos necesarios para ejercer y favorecer la incorporación de estos profesionales a los sistemas públicos y privados relacionados con la prevención, la intervención, la investigación y la evaluación de la criminalidad y la seguridad.
Entre las principales novedades se encuentra el reconocimiento del título universitario oficial en Criminología como requisito para ejercer las funciones propias de la profesión, incluyendo los títulos extranjeros homologados.
La propuesta concreta también competencias profesionales como la investigación empírica del fenómeno criminal, la aplicación de teorías criminológicas, el diseño y evaluación de programas de prevención del delito y la victimización, la atención a las víctimas, la elaboración de informes y dictámenes criminológicos y la participación en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.
Uno de los puntos de especial interés para las universidades y, sobre todo, para los actuales estudiantes y egresados tiene que ver con la incorporación de la Criminología al sector público.
La proposición establece que las administraciones podrán contemplar la figura profesional del criminólogo en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando las competencias asociadas al puesto así lo requieran.
Se contemplan igualmente áreas profesionales vinculadas con la investigación criminológica, la prevención del delito y la seguridad, la ejecución penal y la reinserción, la justicia restaurativa y la atención y protección de víctimas y colectivos vulnerables.
La tecnología ocupa también un espacio relevante. La propuesta reconoce el papel de la cibercriminología y la criminología tecnológica en ámbitos como el análisis del factor humano en los ciberataques, la prevención de comportamientos delictivos en el ciberespacio y la protección frente a nuevos riesgos digitales.
Se trata de un ámbito directamente relacionado con algunas de las líneas académicas e investigadoras desarrolladas en CEF.- UDIMA, donde el profesor González no solo dirige el departamento, sino que coordina el grupo de investigación Cibercriminología, Ciberseguridad y Ciberinteligencia (GRICCI).
La participación en este proceso refleja también una forma de entender el papel de la Universidad que va más allá de la formación académica: conectar el conocimiento y la investigación con la evolución de las profesiones para las que se forma a los estudiantes.
Podemos establecer así, un vínculo entre la universidad, la profesión criminológica y las instituciones responsables de la elaboración normativa, al tiempo que conecta este proceso con las oportunidades profesionales de las actuales y futuras generaciones de criminólogos. El comienzo de una nueva fase parlamentaria, no la aprobación definitiva de la regulación. A partir de ahora, la iniciativa deberá seguir el procedimiento previsto en las Cortes Generales.
Para CEF.- UDIMA, el avance de este proceso está directamente relacionado con uno de los grandes retos que afronta actualmente la disciplina: conseguir que décadas de desarrollo académico, científico e investigador de la Criminología tengan también su reflejo en salidas profesionales, reconocimiento institucional y una participación efectiva de los criminólogos en aquellos ámbitos en los que su conocimiento puede aportar valor.
Fotografía cedida por el PSOE.
