Código de la asignatura | 5339 |
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Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | 6 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La represión de las conductas infractoras de los mandatos, prohibiciones y condicionamientos que establece nuestro derecho para la protección del medio ambiente constituye un imperativo constitucional: las sanciones penales o, en su caso, administrativas, están expresamente previstas en el artículo 45.2 de la Constitución.
En el ámbito de la protección ambiental, se ha producido un enorme desarrollo de la potestad sancionadora administrativa, pues prácticamente todas las normas que tutelan el medio ambiente en sus distintas facetas contienen un último título o capítulo dedicado al régimen sancionador que se aplicará en los casos de incumplimiento de sus preceptos. En esta asignatura, se estudiarán los principios que rigen la potestad sancionadora administrativa, los tipos de sanciones administrativas y las medidas accesorias que contemplan las leyes, así como el procedimiento sancionador-tipo y las garantías procesales que, en todo caso, han de respetarse para la imposición de sanciones.
Por lo que respecta a la represión penal de los ilícitos ambientales, aunque cuenta con pocos años de andadura en nuestro Derecho (se introdujo por la Ley Orgánica 5/2010), ha experimentado también un gran desarrollo en los últimos años, lo que demuestra el valor creciente que otorga nuestro ordenamiento jurídico a la protección del medio ambiente. En esta asignatura se analizará la configuración de los delitos ambientales (concebidos como delitos de peligro en los que no se requiere la producción efectiva del resultado dañoso), los posibles sujetos activos del delito (tanto personas físicas como jurídicas, tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010), y los distintos delitos ecológicos previstos en nuestro Derecho. Prestaremos atención, asimismo, a una cuestión importante en este ámbito represivo, como es la articulación entre la punición penal y la administrativa, que plantea problemas singulares debido a la tipificación por el Código Penal de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente mediante las denominadas “leyes penales en blanco”.